El Congreso de la República de Perú ha marcado un hito en la legislación laboral al aprobar el dictamen que busca equiparar derechos fundamentales para los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Esta medida no solo representa un avance en la dignidad del servidor público, sino que implica una reestructuración profunda en la gestión presupuestaria y administrativa de las entidades del Estado y organizaciones vinculadas.
El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es una modalidad contractual propia del Estado peruano que nació en 2008 como una medida transitoria. A diferencia de los regímenes laborales privados (Ley 728) o de la carrera administrativa (Ley 276), el CAS carecía históricamente de beneficios sociales plenos, situando a miles de trabajadores en una posición de vulnerabilidad respecto a la estabilidad y compensaciones.
El nuevo dictamen aprobado en marzo de 2026 introduce dos pilares de protección económica que antes eran limitados o inexistentes para este sector:
La aprobación de esta ley genera una presión inmediata sobre las oficinas de Recursos Humanos. El principal desafío radica en la retroactividad y el cálculo de precisión:
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